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¿Qué es la incapacitación?
En concreto, este término hace referencia a una situación jurídica por la cual un determinado sujeto no tiene capacidad para regir ni sus bienes ni su propia persona debido a su situación psíquica, física o sensorial, lo que hace imprescindible que sea otra persona, ya sea mediante la figura de curador, tutor o defensor judicial, vele por su situación, sus derechos y sus obligaciones.
Reforma legal sobre la incapacidad jurídica
Con la entrada en vigor de la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica ya no se recurre a la incapacitación judicial de una persona. En su lugar, se implementan medidas de apoyo para que puedan ejercer plenamente su capacidad legal. Esto garantiza que disfruten de los mismos derechos y cumplan con las mismas obligaciones que cualquier otra persona.
Esta práctica está respaldada por el artículo 249 del Código Civil, que busca promover el pleno desarrollo de la personalidad y la participación jurídica en igualdad de condiciones.
En este enfoque, se da prioridad a escuchar la voluntad de la persona y se trabaja para fomentar su autonomía, reduciendo gradualmente la necesidad de asistencia.
Diferencias entre discapacidad e incapacidad judicial
No se deben confundir los términos discapacidad e incapacidad judicial ya que no tienen por qué guardar relación entre sí. La discapacidad es una situación puramente administrativa y que no tiene por qué conllevar la incapacidad. Asimismo, la incapacidad se entiende como un estado civil que debe ser adquirido mediante una sentencia en firme.
¿Cómo iniciar la incapacitación?
El proceso de incapacitación solo puede ser iniciado por unos determinados sujetos, por lo que las personas en esta situación pueden recibir medidas de apoyo cuando sean solicitadas por:
- – La propia persona afectada.
- – Cónyuges que no estén separados.
- – Ascendientes.
- – Descendientes.
- – Hermanos.
- – En ausencia o inacción de las figuras mencionadas, el Ministerio Fiscal puede intervenir.
Incapacitación judicial
En el Juzgado de Primera Instancia de la residencia de la persona se lleva a cabo este proceso. Para iniciarlo, se debe presentar una solicitud junto con la documentación necesaria que justifique la necesidad de medidas de apoyo. Los documentos requeridos incluyen un informe pericial que sugiera las medidas de apoyo y propuestas de pruebas adicionales.
En la fase de admisión, deben comparecer el Ministerio Fiscal, la persona con discapacidad, así como su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, si los hay.
Se concede un plazo de 5 días para presentar pruebas, y la autoridad judicial puede solicitar información de registros e informes de otras entidades que brinden asistencia a personas con discapacidad.
El juez escuchará a la persona con discapacidad y a todas las partes involucradas, proporcionando información sobre las opciones disponibles. Si se aprueban las medidas de apoyo, se cierra el expediente y se registra en el Registro Civil.
Incapacidad judicial y testamento: ¿Quiénes pueden ser los beneficiarios?
El patrimonio protegido de las personas con discapacidad viene regulado en el Capítulo I de la Ley 41/2003 y específica que serán los propios incapacitados los que resultarán beneficiarios de él. En este sentido, esta regulación específica que deberán tener una minusvalía física o sensorial superior al 65 % y/o una psíquica superior al 33 %.
Este patrimonio, que goza de una protección especial según la legislación especificada, queda directamente vinculado a las necesidades propias del incapacitado con el objetivo de cubrirlas y satisfacerlas. Por lo tanto, los derechos y bienes que lo conforman carecen de personalidad jurídica propia y debe aislarse del resto del patrimonio del titular-beneficiario y someterse a un régimen de supervisión y administración muy específico.
La sentencia judicial también puede especificar el internamiento del afectado siempre y cuando haya un riesgo para su salud o la de los que le rodean por razones estrechamente ligadas a su incapacidad mental o porque el no ingreso pueda suponer un deterioro de su salud.
Incapacidad judicial y tutela: ¿Quiénes pueden ser los tutores legales?
Por su parte, la tutela debe ser ejercida solo por una persona salvo contadas excepciones, que son las siguientes:
- Que la tutela del incapacitado corresponda conjuntamente de modo similar a la patria potestad a la madre y el padre.
- Si se entrega la tutela a un hermano y se considera apropiado que su cónyuge también la ejerza.
- Que los padres del incapacitado designasen a más de un tutor mediante documento público notarial siempre y cuando puedan ejercer la tutela de modo conjunto.
Una incapacitación legal es una cuestión delicada pero, a la vez, necesaria en muchas ocasiones. Y es que, gracias a ella, se consigue otorgar la capacidad de toma de decisiones importantes a una persona allegada y de confianza de otra que no puede hacer uso de ella por cualquier razón.
En Arnau Abogados estaremos encantados de asesoraros y ayudaros durante el proceso.